El integrante del Consejo Estatal para la Prevención del sida (COESIDA), Marco García Robles, reclama que la autoridad pretende cambiar la política social de prevención y atención de las infecciones de transmisión sexual (ITS) por estrategias de corte empresarial, a petición de las autoridades federales de Salud, y por los exhortos presidenciales para “evitar a los intermediarios”.

En lugar de convocar a que las organizaciones sociales con trayectoria trabajen de la mano del ISSEA y el CENSIDA, ahora se realizó una invitación para que mediante una licitación, personas -no organizaciones de la sociedad civil-, presten sus servicios para realizar capacitaciones a personal de salud, intervenciones de difusión sobre salud sexual, así como la aplicación de pruebas rápidas de detección de VIH y sífilis y el seguimiento a quienes obtengan algún resultado reactivo.

El activista denuncia que no se tomó en cuenta a todas las personas integrantes del pleno del COESIDA y que “el procedimiento es muy atípico y extraño, porque se pidió expresamente que quienes compitan por el financiamiento público sean integrantes de una asociación, pero que lo hagan a título personal; es decir, una simulación o triangulación en el uso de los recursos federales”.

Agregó estar seguro que faltarán activistas que modifiquen su régimen fiscal para ser acreedores al presupuesto que administrará el ISSEA por hasta un millón de pesos, pero esto implica modificar la mística de servicio social a una visión empresarial, con las obligaciones que esto conlleva.

García Robles enfatizó que las mujeres y hombres que son parte de VIHDHA A. C. no tienen temor a procedimientos fiscales o de transparencia, ya que “en años anteriores hemos cumplido a cabalidad con las reglas de operación de la Secretaría de Hacienda e Indesol, además de que la Secretaría de Salud ha supervisado y aprobado los proyectos que nos financió a través del CENSIDA”.

Añadió que tampoco entraron a la licitación convocada por el ISSEA porque hubo poco tiempo para hacer una planeación efectiva, no hubo información clara y se enviaron tres versiones del anexo técnico con errores e imprecisiones. “No queremos convertirnos en unos empresarios del sida, sino continuar como voluntarios en una causa social”, comentó tras señalar que con los recursos de los que dispone la organización, continuarán la atención especializada a gente LGBTTTIQ y a las personas que viven con VIH.

Ante el cuestionamiento de si las y los activistas deben o no recibir un pago por sus servicios, Marco Antonio García Robles expresó que siempre se trata de gestionar que reciban una retribución monetaria, aunque sea simbólica, pero nunca ha sido una condicionante, pues toman en cuenta la situación económica de la gente que ayudan y se hace de manera gratuita, como las charlas que solicitan en instituciones educativas.

Finalmente expuso que en la fundación se han preparado para brindar servicios profesionales a la gente que lo necesita, con calidad y calidez, con el lenguaje y trato libre de estigma y discriminación, sin importar horarios y lugares poco convencionales. «Tenemos el apoyo de psicólogas, trabajadoras sociales, enfermeros, abogados, médicos y otros profesionistas que en algunos casos llevan más de veinte años en las causas de la diversidad sexual y los derechos humanos”.