La mañana de este martes el Senado de la República aprobó por mayoría la Ley de Austeridad Republicana, la cual determina una partida secreta que puede ser usada a discreción del presidente de la República que se obtendrá de los ahorros que se obtengan del plan de austeridad que impulsa el Gobierno Federal.

El artículo 61 de esta Ley indica que: «Los ahorros generados como resultado de la aplicación de dichas medidas deberán destinarse, en los términos, de las disposiciones generales aplicables a los programas del ejecutor del gasto que los genere. Por cuanto hace al Poder Ejecutivo, dichos ahorros se destinarán a los programas previstos en el Plan Nacional de Desarrollo o al destino que por decreto determine el titular”.

Poco antes de las 7 horas de este martes el Senado aprobó esta nueva ley haciendo de última hora algunos cambios para elevar de 5 a 10 años el lapso en que ex funcionarios de alto nivel deben dejar pasar para contratarse en empresas privadas (solicitado por Andrés Manuel López Obrador). Por esta modificación se regresó la minuta a la Cámara de Diputados.

El senador morenista Félix Salgado Macedonio presentó el cambio al Artículo 24 para que se especificara que la prohibición es para “los grupos jerárquicos de mando superior”, que además manejen “información privilegiada”. la versión consensuada establecía que: “los servidores públicos que se separen del cargo, no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información, salvo que hubieran transcurrido al menos 5 años”.

Por parte de la bancada del PRI se reclamó que el dictamen impuesto eliminó un cambio fundamental ya consensado, donde precisaba que la prohibición operará cuando los ex funcionarios hayan manejado “información privilegiada”. Para la bancada del tricolor, este artículo perjudicará a 1.4 millones de servidores públicos que se les impedirá ejercer su profesión luego de dejar de laborar en la administración pública federal.

La bancada del PAN consideró como un exceso el que se prohíba a los ex servidores públicos durante 10 años contratarse en la iniciativa privada, tomando en cuenta que muchos son profesionistas que pueden ofrecer mucho a la actividad empresarial del país. Movimiento Ciudadano expuso que este artículo viola el Quinto Constitucional donde se garantiza la libertad de los ciudadanos de trabajar en sus profesiones, en la industria y el comercio, por lo que no se duda que el tema llegue a la SCJN.

La bancada de MORENA insistió en defender dicha ley bajo el argumento de que busca erradicar los privilegios y derroches de funcionarios y en general de la clase política gobernante: “Se acabaron los abusos, los excesos y el dispendio con recursos públicos. El nepotismo, el amiguismo y el compadrazgo quedaron sepultados en el viejo régimen, porque a partir de la Ley de Austeridad Republicana , nuestro país se ahorrará 50 mil millones de pesos, que serán destinados a los más pobres del país”.

En lo general fue aprobada, se presentaron 44 reservas de las cuales el Pleno sólo aprobó 2, la del artículo 24 y una propuesta por la coordinadora del PT, Geovanna Bañuelos a fin de establecer que el poder judicial y los sectores de salud y educación y el poder judicial, podrán constituir fideicomisos, con el permiso de la Secretaría de Hacienda.