Es posible la controversia constitucional sobre la reforma a la Constitución local y a varias normas locales realizada por la 64 Legislatura el pasado jueves en materia de “valores” y “familia” a petición del gobernador panista Martín Orozco Sandoval; toda vez que dejaron una ambigüedad que pudiera afectar gravemente los derechos humanos de quienes no viven en la estructura de familia nuclear (madre, padre e hijos).  

Elena Anaya Villalpando, abogada integrante de Cultivando Género A.C. y exlegisladora local, subraya la importancia de que las características de la ley tienen que ser generales, claras, abstractas y en la medida de lo posible, objetiva; es decir, que los conceptos que contenga sean fáciles de interpretar y que no abran una puerta la discrecionalidad.

En ese sentido, para la especialista, la reforma que aprobó el Congreso en días pasados cae en un riesgo en relación a la característica de la objetividad de la ley, esto al establecer este asunto de los ‘valores sociales’ sin definir qué debemos entender las y los ciudadanos como valores sociales. Por ello esta falta de claridad deja un amplio margen a la discrecionalidad como si fuera un vaso vacío que puede ser llenado con cualquier contenido ideológico o religioso. De ahí lo riesgoso para un Estado Democrático como lo es México.

“Qué tipo de valores sociales hablan. Podemos entender desde valores religiosos, conservadores o progresistas. A qué tipo de valores nos estamos refiriendo. Eso aunado al tema del concepto de familia como único formato, porque en un contexto conservador s ele da un significado muy cerrado”. Recordó que la Constitución federal en su artículo 3 ya reconoce el término de la diversidad familiar; la Convención Americana de Derechos Humanos señala en su artículo 17 el concepto de familia en su relación con el artículo primero, que habla que la protección a la familia debe darse en respeto al principio de la igualdad y la no discriminación, “esto es un reconocimiento implícito de la diversidad familiar y en el dictamen no vi nada de esto”. La SCJN ya también se ha pronunciado en la materia sobre la familia como núcleo importante de la sociedad pero que no está determinada por la manera en que está conformada sino por los fines que persigue, que es la solidaridad social, el amor (…) que no tiene nada que ver con la orientación sexual ni los elementos humanos que la conforman.

Para Anaya Villalpando, es un grave riesgo lo que dejó el Congreso del Estado con estos conceptos ambiguas, con definiciones o ideas que se alejan del Estado Democrático, de las libertades, la igualdad, el respeto a los derechos humanos sin importar la condición.

¿Se puede echar para retractar dicha reforma?

“Habrá que ver la publicación en el Periódico oficial del Estado para ver en los términos que quedó, y a partir de ahí hacer un análisis que nos permita valorar si la constitucionalidad de la reforma pueda ser controvertida en un Tribunal Federal. Que me parece que sí se podrá, por la ambigüedad con la que se dejó escrita y que puede dar cabida a interpretaciones que vulneren los principios constitucionales en su aplicación”.

Foto: Claudia Castro