La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en su visita a México destacó el momento crucial que este país está viviendo en todos los sectores que conllevan a la defensa y protección de los derechos humanos. Uno de los temas tratados fue sin duda la atención de las desapariciones forzadas y violencia que vive el país, reconociendo la apertura e interés del presidente Andrés Manuel López Obrador de atender los temas de derechos humanos y justicia efectiva: “Hay una muestra de la apertura del Estado para estrechar los lazos de asistencia y cooperación con los organismos internacionales para avanzar en la construcción de una sociedad justa y respetuosa de los derechos humanos”.
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Celebró que el actual gobierno federal ha reconocido los graves y generalizados abusos y violaciones a los derechos humanos ocurridos en el país, asumiendo la responsabilidad y ha ofrecido disculpas en algunos casos emblemáticos, ocurridos en el pasado, “ha iniciado algunas transformaciones para develar la verdad, proveer justicia, reparar a las víctimas y asegurar la no repetición de estas violaciones”, como el caso de la creación de la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa.
“Cuando mi predecesor visitó México en 2015, había transcurrido justo un año desde las desapariciones forzadas de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y el asesinato de otras 6 personas. Este caso emblemático ocupó los titulares de prensa del mundo entero no solo cuando ocurrió, sino cuando el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes identificó graves irregularidades en la investigación del caso, y después, en 2018, cuando un informe de mi Oficina reveló que se habían producido casos de tortura y otras violaciones a los derechos humanos durante la investigación oficial del caso, para imponer una versión de los hechos que ya había sido descartada por expertos internacionales”.
Recordó que el informe titulado “Doble Injusticia”, sirvió no solo para desmontar falacias, sino también para que familiares de las víctimas sigan el camino hacia la obtención de la verdad. “El informe fue aire puro para nuestra lucha”, le expuso a la Alta Comisionada Mario César González, padre de uno de los estudiantes desaparecidos.
Agregó que el caso de Ayotzinapa reveló al mundo un problema central y transversal en México: el de las más de 40 mil personas desaparecidas, un cuarto de ellas mujeres. A la par, existen 26 mil cuerpos sin identificar registrados por el Estado y se han localizado más de 850 fosas clandestinas. “Estos datos son aterradores, más grave aún es el hecho de que sigan produciéndose nuevas desapariciones, tal y como estableció en 2018 el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. Así como que en la inmensa mayoría de los casos la impunidad sea la regla”. En este contexto, celebró la presentación desde el Palacio Nacional del Plan para la Implementación de la Ley General en materia de Desapariciones, la reinstalación del Sistema Nacional de Búsqueda y la intención anunciada de crear el Sistema Único de Información y de un Instituto Nacional para la Identificación Forense.
Michelle Bachelet considera trascendental que se mantenga lo acordado y que el proceso de búsqueda e identificación se haga en coordinación entre autoridades y familiares. Para ello, esta Oficina en México seguirá desarrollando una estrecha cooperación con la Comisión Nacional de Búsqueda y con la Secretaría de Gobernación. “En este contexto, concuerdo con la reivindicación de las familias y organizaciones que las acompañan de la conveniencia de crear mecanismos adecuados, uno de los cuales podría ser la creación de una comisión de la verdad, para garantizar el acceso a la verdad de las víctimas y de toda la sociedad. No se puede avanzar hacia el futuro sin esclarecer las sombras del pasado”. Por lo tanto el obtener avances mostrará a los ciudadanos que hay cambios, y les evitará el actual sentimiento de frustración.
“Aliento a concretar la visita del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU solicitada desde 2013 y a abrir caminos de justicia en el ámbito internacional reconociendo la competencia de dicho Comité para recibir comunicaciones individuales”, apuntó que resolver los casos de abusos y violaciones del pasado es evitar que se reproduzcan nuevas atrocidades teniendo en cuenta que México tiene cifras de muertes violentas propias de un país en guerra: 252 mil 538 desde 2006. Pese a ser un país con enormes recursos humanos y económicos que debería poder revertir esta situación sin recurrir a falsos atajos.
La Alta Comisionada destacó que 6 de las 10 sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado Mexicano, están relacionados con violaciones a derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas, insistiendo en que “la violencia no se erradica con más violencia”.
Foto: ONU – DH México
