Persiste una grave negligencia en las autoridades de justicia, principalmente en la Fiscalía General de Justicia para la búsqueda de personas y combate a la trata de persona, ya que no siguen los protocolos adecuadamente ni generan los oficios de colaboración en la brevedad que se requiere. 

Violeta Sabas, coordinadora del Observatorio de Violencia Social y de Género, expuso que las autoridades continúan estigmatizando las desapariciones de mujeres, especialmente cuando se trata de jóvenes menores de 18 años, al asegurar que se fueron con el novio y después regresan. “para empezar deben tener en claro que cualquier desaparición de cualquier edad y género está implícito un delito, en el caso de adolescentes, es común que por redes sociales tengan contacto con varones mayores de 30 años y con engaños las separan de sus familias y se las llevan a otros estados, poco a poco empiezan a perder comunicación con sus familias (…) Es un error -que hemos señalado en el Observatorio- decir que no buscan porque les mandó un mensaje diciendo que estaba bien y que estaba por su voluntad. Ninguna persona que está desaparecida está por su voluntad sin contacto con su familia”. 

La activista puso énfasis en las graves fallas que ha tenido -constantemente- la FGJ primero ante la activación de las Alerta Amber hasta un día después del reporte de desaparición, en no buscar de inmediato y no seguir con los protocolos. Por lo general, lo que más tardan en hacer es la solicitud de los oficios de colaboración interinstitucional, “si una persona desaparece el jueves, los oficios empiezan a salir hasta el lunes siguiente, siendo que las primeras horas de desaparición son cruciales”. 

Desde 2017 la Fiscalía hizo públicos sus Protocolos por feminicidio (denominado muerte violenta), personas desaparecidas y violencia sexual;  pero estos necesitaban una revisión anual que hasta el momento no se le ha dado, a pesar de que a nivel federal han habido múltiples actualizaciones. 

Si bien no hay una estadística exacta sobre cuántos casos hay de adolescentes captadas con engaños por adultos de más de 30 años y que las obligan a vivir en una situación de violencia (incluyendo la prostitución), se considera que de la totalidad de personas que desaparecen, el 35% son adolescentes menores de 18 años en esta situación (3 de cada 10).

De los 4 casos de adolescentes desaparecidas que acompaña el OVSGA, uno de ellos tiene la particularidad de haber ubicado a la joven pero que al ya haber cumplido los 18 años el proceso legal es distinto por lo que se ha retrasado todo para salvarla de la situación de violencia que vive con su captor: “Con la pareja que está viviendo es 28 años mayor que ella; ella tiene 18 años ahorita pero se empezó a buscar desde que tenía 16 años. La Fiscalía ya la tenía ubicada en un estado al sur del país pero no se logró a tiempo una colaboración con el Instituto de la Mujer de allá para poderla resguardar y traerla a Aguascalientes. Ya que ella cumple 18 se convierte en otro delito y pues se retrasada todo”.

El punto aquí es que la autoridad tuvo 2 años para poderla proteger pero por no realizar una coordinación estratégica, ella continúa viviendo violencia. Es decir, falta mucha vinculación institucional para el tema de trata, puesto que últimamente la autoridad sólo se dedica a circular en redes sociales el cartel de la persona desaparecida pero no genera  la búsqueda en calle, no hay una petición de apoyo a las policías, no activa ningún tipo de protocolo. 

“Es muy alarmante porque al momento de desaparecer una persona si se circula la Alerta Amber en el caso de menores, o el cartel oficial con las características, pero también deben de girar de inmediato los oficios de colaboración, implementar un protocolo de búsqueda con un patrullaje, comunicar a centrales de autobuses, aeropuerto, casetas; es blindar para que esta persona no salga del estado para que sea más fácil encontrarla”.

Foto Claudia Castro