Tras bloqueo de calles de esta mañana de lunes por dueños de camiones urbanos que están fuera de norma, el titular de la Secretaría de Gobierno, Enrique Morán Faz, aclaró que no se tolerará su circulación en tanto no regularicen su situación, «después de muchos años de ser omiso, hoy el Gobierno del Estado asume con firmeza la rectoría del servicio de transporte público para darle certeza jurídica y garantizar el respeto a la ley».
A pesar de este tipo de manifestaciones que acabaron en detenciones por violencia y obstrucción, se aseguró que la autoridad estatal no dará marcha atrás en el proceso de modernización del transporte público, “estamos abiertos al diálogo pero eso no significa que vamos a seguir permitiendo que se viole la ley y se siga afectando a la ciudadanía».
Se explicó que quienes se manifestaron son propietarios de unidades que se encuentran fuera de norma y que no cubren los requerimientos que establece la normatividad para circular de manera regular, por lo que no se tolerará su operación en tanto no regularicen su situación y se apeguen a lo que marca la ley.
Destacó que la salida de dichos camiones de ninguna manera afecta el servicio de transporte urbano, ya que desde la semana pasada dejaron de operar precisamente por no contar con el permiso temporal que se otorgó a las unidades que sí dieron cumplimiento en tiempo y forma.
Actualmente se encuentran en circulación alrededor de 430 unidades en las diferentes rutas, incluyendo los 55 camiones nuevos; en caso de que estos vehículos no sean suficientes para atender la demanda de la ciudadanía, la Coordinación de Movilidad contempla un plan emergente para resolverlo (mismo que no fue detallado).
Morán Faz enfatizó que cada uno de los propietarios recibió información oportuna acerca del Plan de Movilidad y que todos tuvieron acceso a la convocatoria que se emitió meses atrás para incorporarse al nuevo esquema, sin embargo muchos de ellos se resisten al cambio.
Las principales peticiones que plantean los dueños de los camiones que hoy bloquearon las calles, es el seguir operando fuera de norma, es decir, con unidades en malas condiciones físicas y mecánicas; mantener el control de las rutas preferenciales; e incrementar las tarifas del servicio hasta 11. 50 pesos.
Las dos primeras solicitudes no son negociables, mientras que la tercera ya no es voluntad política del gobernador sino una decisión estudiada por el Consejo Consultivo del Transporte Público y el Observatorio Ciudadano de Movilidad.
