En el marco del Mecanismo de Acciones Conjuntas para contribuir a la protección de personas defensoras de derechos humanos en las Américas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las Oficinas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU Derechos Humanos) expresan su preocupación por la continuidad de actos de violencia e intimidación que han enfrentado quienes defienden los derechos humanos en las Américas, en los primeros 4 meses del año.

Se advierte que la Región Americana continúa siendo una de las más peligrosas para ejercer la labor de defensa de derechos humanos en el mundo. Varios países del continente lideran las cifras mundiales de asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, quienes además enfrentan amenazas, ataques, hostigamientos, actos de intimidación, campañas de estigmatización y desprestigio, así como procesos de criminalización por su legítima labor de defensa.

Entre las personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales que han sido asesinados se encuentran beneficiarias de medidas cautelares otorgadas por la CIDH y personas que recibían protección por parte de autoridades nacionales.

Se informó que Colombia, se mantiene como uno de los países del continente con más asesinatos de personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales. Entre el 1 de enero y el 30 de abril, la ONU Derechos Humanos recibió 51 quejas sobre asesinatos de defensores y defensoras de derechos humanos en el país, de los cuales al menos 21 han sido verificados por ONU Derechos Humanos como asesinatos de defensoras y defensores de derechos humanos (3 mujeres y 18 hombres).

Enero de 2019 estuvo marcado por varios ataques y asesinatos, por ejemplo, el asesinato de Maritza Quiroz Leiva, reclamante de tierras y lideresa de mujeres afrodescendientes víctimas de desplazamiento en Santa Marta, Colombia, a causa de disparos que le habrían propinado hombres desconocidos. El 11 de enero, la Sra. Alfamir Castillo Bermúdez, una defensora y madre de una víctima de una ejecución extrajudicial, fue atacada en el Valle del Cauca, cuando varios disparos impactaron el vehículo en el cual se movilizaba. El día siguiente, el 12 de enero, se desarrolló un intento de allanamiento en la oficina de Bogotá de la Fundación Nydia Erika Bautista (ONG).

De acuerdo con información al alcance de ambos organismos, al menos 10 personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas durante este periodo, 9 hombres y una mujer, una cifra cercana a los al menos 13 casos documentados durante todo el año 2018, lo cual supone un significativo aumento de la violencia. Preocupa especialmente que 8 de las personas defensoras asesinadas sean indígenas.

El 3 de enero se produjo en Arriaga, Chiapas, el asesinato del defensor de derechos humanos Sinar Corzo quien formaba parte del Comité Ciudadano de Defensa de los Derechos Humanos «El Coloso de Piedra» y que en 2013 fue víctima de detención arbitraria en el marco de su participación en actividades de defensa del derecho al agua. El 17 de enero fueron víctimas de desaparición los defensores Noé Jiménez Pablo y José Santiago Gómez Álvarez cuando participaban en un plantón frente al Palacio Municipal de Amatán; y sus cuerpos sin vida fueron localizados el 18 de enero. El 9 de febrero fue asesinado Óscar Cazorla, activista por los derechos de las personas LGBTI y defensor de la comunidad muxe, en su domicilio en Juchitán de Zaragoza, en el estado de Oaxaca. El 20 de febrero Samir Flores, defensor indígena de la tierra y el territorio frente a megaproyectos y comunicador comunitario fue asesinado en su casa de Amilcingo, Morelos. Además, el 30 de marzo se reportó el asesinato de Abiram Hernández Fernández, activista y defensor de derechos humanos en el estado de Veracruz, quien habría sido agredido en su domicilio.

Ambos organismos expresaron su preocupación por la desaparición en México de los defensores de derechos humanos Obtilia Eugenio Manuel e Hilario Cornelio Castro, quienes estuvieron desaparecidos desde el 12 de febrero hasta el 19 de febrero de 2019, hasta que fueron liberados por sus captores tras una intensa campaña de búsqueda.

Asimismo, los homicidios de personas defensoras registrados en otros países como Honduras, Brasil, Costa Rica, Perú y Guatemala.

En relación con casos de hostigamiento y amenazas, la CIDH y la ONU Derechos Humanos han documentado que las personas defensoras y organizaciones de la sociedad civil de Nicaragua, a raíz de la persistente crisis social y política iniciada por las protestas masivas en abril de 2018, continúan siendo víctimas de actos de intimidación, amenazas y estigmatización en los medios sociales, al igual que de hostigamientos como allanamientos, asedios en sus domicilios, y el despliegue de agentes policiales y personas de civil en inmediaciones de sus oficinas.

El 7 de febrero de 2019, las oficinas de la Red Nicaragüense para la Democracia y Desarrollo, una coalición de 22 organizaciones que trabajan en todo el país, fueron objeto de una redada solo 6 días después de que un grupo de representantes de la sociedad civil nicaragüense, incluidos algunos miembros de la Red, compartieran sus preocupaciones sobre la restricción del espacio cívico con la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ginebra.

En febrero de 2019, en Venezuela, la CIDH expresó su preocupación por el continuo hostigamiento contra defensoras y defensores de derechos humanos, incluidas amenazas y señalamientos en contra del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), de PROVEA, del Foro Penal y de personas defensoras pertenecientes a dichas organizaciones.  Por su parte, en Colombia, la CIDH fue informada sobre un incremento de las amenazas respecto del año anterior. De acuerdo con organizaciones de la sociedad civil, se habría duplicado dicho registro respecto del mismo periodo en 2018.

Ante este escenario, la CIDH y la ONU Derechos Humanos recuerdan el rol esencial que cumplen las personas defensoras de derechos humanos para el fortalecimiento y la consolidación de las democracias y reiteran la obligación de los Estados de proteger integralmente el derecho a defender los derechos. De igual manera, los Estados deben redoblar sus esfuerzos en materia de respeto, prevención de agresiones, investigación de casos y protección de las personas defensoras de derechos humanos con el objeto de que puedan ejercer su labor libremente.

En este sentido, resulta urgente que los Estados americanos adopten medidas positivas que fomenten una cultura de derechos humanos y un ambiente libre de violencia y amenazas, reconociendo el valor y la importancia del trabajo de las personas defensoras y llevando adelante investigaciones serias y efectivas sobre cualquier violación de derechos humanos en su contra.

Foto Claudia Castro