Este lunes el Congreso de Tabasco reformó los artículos 299, 306, 307 y 308 del Código Penal así como la adición del artículo 196 Bis y 308 Bis. En palabras de los legisladores a favor, esto beneficiaría a los organismos públicos y empresas privadas pues se estableció una pena de hasta 20 años de cárcel para quienes bloqueen estos entes. Sin embargo ha generado diversas críticas de organizaciones civiles, políticos y activistas, al considerarla una “Ley Garrote”, por tener el objeto de castigar a quienes se atrevan a manifestarse contra cualquier tipo de obra pública o acción del gobierno.
Por parte de Amnistía Internacional México se indicó que esta reforma afecta a “la libertad de expresión y de reunión en el país”, siendo la antesala a una criminalización de la defensa de los derechos humanos. Se destacó que esta modificación establece en el Código Penal que se castigará entre 10 y 20 años de cárcel a quienes se manifiesten con marchas o bloqueos en las carreteras, o bien, quienes impidan la realización de obras públicas del estado; lo cual desde la perspectiva de esta organización internacional, “se permitirá que el Gobierno y la iniciativa privada puedan imponer mega proyectos que, de afectar a los pobladores, los dejarían sin voz para oponerse a ellos”.
En un comunicado de prensa se dejó en claro que se trata de una violación a la libertad de expresión en México, puesto que se criminaliza también a todas las personas que quisieran ejercer su derecho a la asamblea pacífica.
Reacción política
Por parte del presidente nacional de Acción Nacional, se aseveró que aunque están a favor de que se regulen las marchas y manifestaciones, no concuerdan con la necesidad de reprimir ni criminalizar, por lo que a todo aquel ciudadano que se vea afectado por esta reforma, dijo, se les apoyará con amparos y procesos legales. “Estamos a favor de que se hagan con orden, pero que no se lleve a prisión a quienes se manifiestan con su derecho constitucional (…) reprobamos otro intento más de este gobierno de construir un sistema totalitario”.
Para el PRD nacional, este tipo de leyes son regresivas y fascistas, que sólo atentan en contra de manifestaciones públicas de libre expresión limitando cada vez más la participación ciudadana. Desde la dirigencia nacional se señaló que: “Esta medida de represión, aprobada por MORENA y avalada por el Presidente de la República, se gestó con la intención de evitar protestas de la construcción de la refinería Dos Bocas a iniciarse a principios del mes de agosto». Comparando así con la represión que encabezó el ex presidente Gustavo Díaz Ordaz en contra del movimiento estudiantil de 1968.
Foto Jorge Martínez
