Mientras se presentaba la iniciativa de reforma para la despenalización del aborto en Michoacán, el Congreso local pretendía votar la iniciativa para la denominada objeción de conciencia, situación que la activista Verónica Cruz Sánchez del Centro Las Libres A.C. Guanajuato aclaró que debe dejarse de colocar en la misma línea como contraparte, puesto que mientras la primera se trata de derechos legales de las mujeres, el segundo es un tema de creencia personal. 

“Se ha colocado como si fueran igual la objeción de conciencia a la interrupción legal del embarazo, y no es así, las mujeres somos las sujetas a derechos; la objeción es una creencia que salvaguarda a los médicos a título individual, ahí sí pueden objetar, sin embargo las instituciones no”, exclamó que son ellas las que deben de garantizar los servicios a las mujeres contando con equipo médico no objetor. 

La activista por los derechos humanos de las mujeres indicó que a nivel nacional se hizo un diagnóstico sobre criminalización de las mujeres por el delito de aborto y delitos relacionados; en el cual Michoacán se ubica entre los 10 estados con mayor número de criminalidad, “la gravedad del proceso es que las denuncias provienen del sector salud público. Afortunadamente en procuración y administración de justicia  ya no pasan proceso penales ni sentencias condenatorias y absolutorias; pero es brutal que vengan justo del sector salud quien es quien tiene que salvaguardar la vida de las mujeres, por eso se llama criminalización”. 

Si bien explicó que no habrá mujeres en la cárcel por aborto en Michoacán, pues es de las entidades más progresistas en términos de que ya no tienen la sanción de cárcel por sus causales más avanzadas (es el segundo estado que tiene razones de pobreza junto a Yucatán); esta iniciativa de reforma es vital porque no amplía las razones simplemente se garantiza el acceso al a los derechos de salud que ya existen.

Cruz Sánchez informó que del 2000 al 2017, Michoacán registró un total de 117 carpetas de investigación en contra de mujeres que abortaron; cifras que lo colocan dentro de los 10 con más denuncias en esta materia, “esta iniciativa es importante porque pretende dejar de ser un delito porque el Estado lo que hace es discriminar entre hombres y mujeres y todos los casos documentados que criminalizan a mujeres por aborto son mujeres pobres, que viven en zonas rurales o indígenas y casualmente no vemos médicos ni hombres ni mujeres ricas”. Es entonces un delito que se focaliza con mujeres que no se pueden defender y que las vulnera por falta de educación y recursos económicos. 

En una estadística promedio (tomando en cuenta que fue hasta hace apenas dos años cuando se integró la información por delito de aborto en el Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública), en México se realizan entre 800 mil a un millón de abortos clandestinos anualmente.

Foto Claudia Castro