Puebla, Veracruz, Chiapas, Yucatán, Guerrero y Guanajuato son los estados en los que la llamada «Ley Olimpia» ha sido efectivamente aprobada y ejecutada gracias a la presión de la sociedad civil organizada y al largo debate sobre la urgente necesidad que tiene el país por atender, prevenir y erradicar la nueva forma de violencia de género: La Violencia Digital.

En Aguascalientes, desde marzo del presente año, la activista originaria de Puebla, en conjunto con Angélica Contreras del Grupo de Especial Interés de Mujeres de Internet Society, presentaron con apoyo de las diputadas integrantes de la LXIV Legislatura, una reforma a la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre y al Código Penal; y aunque se hizo una promesa mediática de dar prioridad, hasta la fecha sigue sin resolverse.

Dicho documento propone que todo acto de violencia digital (no solo del tipo sexual en internet, también extorsión, trata virtual de mujeres y niñas, ciberacoso, ciberpersecusión, acecho y la mala utilización de los espacios digitales para dañar la dignidad y vida privada) se sancione de 3 a 6 años de prisión, el pago de mil a 2 mil veces la unidad de medida y actualización (UMA), el pago total de los daños. En materia de acoso, la sanción es de 1 a 3 años de cárcel, el pago de mil a dos mil veces las (UMA) y el pago de los daños, y la obligación de que la persona agresora tome cursos de concientización y sensibilización. 

“Desde que se presentó el documento se nos dijo que harían todo porque saliera en buen tiempo pero ya vimos que no es así, dicen que será estudiada pero ni siquiera la han tocado en las Comisiones dictaminadoras”, expuso Angélica  Contreras, quien lamentó que el tema de la violencia digital no es de interés para las autoridades a pesar de las evidencias que se les ha presentado de los miles de casos de personas -en su mayoría mujeres- víctimas de ella. 

Además de la necesidad de una legislación adecuada, el tema requiere de la atención de otras áreas para que no quede solo en sanciones punitivas; hay que contar con procesos de sensibilización, de prevención y de información, con el apoyo por ejemplo de los Institutos de la Mujer estatal y municipales y de la Juventud para que desarrollen estrategias  en conjunto con expertas y expertos de la sociedad civil organizada, para poder llevar prevención e información a más espacios.  

En especial por la confusión de llamarlo “sexting”, cuando toda acción de compartir contenido íntimo no es un delito siempre y cuando se tenga autorización y pleno conocimiento mutuo. La activista Olimpia Coral reitera que el sexting “es un derecho sexual que tenemos todas y todos. El problema es cuando esta persona que lo recibe rompe la confianza y lo comparte sin autorización de la otra». 

Contreras aclara que el pedir la aprobación de la reforma no implica sobrepasar los procesos legislativos para que se tenga un dictamen a bote pronto, “queremos que sea bien legislada, que incluya a voces de la sociedad civil, a las y los expertos en la materia, que generemos un ejercicio de diálogo”, pero que se haga ya puesto que a 7 meses de haber sido presentada, las Comisiones dictaminadoras ni siquiera la han agendado para su discusión.

¿Qué sigue una vez aprobada?

Ya que sea aprobada y publicada en el Periódico Oficial del Estado, se requerirá un amplio trabajo de socialización con apoyo de las organizaciones civiles, de las instituciones y de las familias. «Necesitamos que sea compartida, informada, comentada en todos los círculos sociales porque de lo contrario no se sabrá que pueden acceder a este tipo de justicia por el delito de violencia digital».

A la par, las partes promotoras estarán tomando acciones para vigilar que la reforma se  ejecute de manera correcta porque al ser un tema «novedoso» y tan naturalizado, que va a requerir mucha capacitación. La ventaja según la activista- es que Aguascalientes tiene la ventaja de contar con un gran equipo de expertos en la Policía Cibernética «este es un organismo ya especializado, sería trabajar en conjunto para capacitar a más personal de áreas como la Fiscalía».

Foto Claudia Castro